Por Jenaro Villamil
El 23 de enero, por 5 votos contra 4 el
Consejo General del IFE exoneró al PRI de escándalo Monex. Evidenciaron la
participación de cinco bancos, cuatro personas físicas y 14 empresas que
hicieron la triangulación de dinero, pero no ocurrió ninguna irregularidad
digna de sanción.
Este 30 de enero, el mismo Consejo pretende
confirmar la tendencia que se vio durante toda la campaña electoral del 2012:
la ceguera absoluta ante el evidente despilfarro de los partidos que postularon
a Enrique Peña Nieto.
Sólo ellos no vieron o no quieren acreditar lo que
millones de mexicanos observamos en las calles (el despliegue grosero de
espectaculares), en las pantallas televisivas (la compra evidente de espacios
informativos y publicitarios para promocionar Copetelandia), en los mítines (el
despliegue de recursos para acarrear y “animar” a los presentes) y en las urnas
(los miles de testimonios no investigados a fondo sobre la compra y coacción
del voto).
Para el IFE, el único que rebasó los gastos
de topes de campaña (de 336 millones de pesos para todos los candidatos a la
Presidencia de la República) fue Andrés Manuel López Obrador. En el colmo del
cinismo institucional, nos quieren hacer creer que Peña Nieto se quedó por
debajo de este tope de gastos. Según sus fiscalizadores, Peña Nieto sólo gastó
327.5 millones de pesos, 8.5 millones por debajo del límite.
En el caso de Josefina Vázquez Mota, el IFE
asume que estuvo muy por debajo del tope de gastos de campaña: 220 millones de
pesos.
Si así fuera, resultaría que el 2012
presenciamos la campaña más barata de la historia reciente, que fue un delirio
colectivo lo que todos observamos sobre el despliegue de recursos, el derroche,
las donaciones “en especie”, el desvío de presupuestos estatales, las
carretadas de dinero en efectivo “que no deja huella” en pagos a publicistas,
medios y una red de complicidades tan amplia como silente.
“Ni teniendo menos de dos dedos de frente, te
comes ese cuento que ha señalado el IFE”, afirmó el diputado federal y
coordinador de la bancada panista, Luis Alberto Villarreal, representante ante
el Instituto.
“Lo que queda claro es una sanción ridícula y
no podemos comernos esa manzana envenenada”, advirtió Villarreal en
declaraciones de este 29 de enero.
López Obrador, quien se convirtió de
principal crítico y denunciante a ser el único que “rebasó” los gastos de
campaña desde la óptica del IFE, fue más allá y consideró que existe el intento
de “mandar el mensaje manipulador de que todos los políticos somos iguales,
para seguir provocando el desánimo o inhibir la participación ciudadana que
permita cambiar el régimen de putrefacción”.
El IFE, en efecto, quiere arrinconar a las
dos principales fuerzas políticas opositoras para que se someta a un dictado de
la realidad que se parece más a la “publicidad integrada” que usó y abusó en
abundancia el priista Peña Nieto.
Los integrantes del Comité de Fiscalización y
el propio Consejo General están frente a varios dilemas políticos peligrosos:
Si acreditan este dictamen que exonera a Peña
Nieto de cualquier despilfarro están afectando al 62% del electorado que no
votó por la coalición PRI-PVEM, es decir, a la mayoría de los votantes. En
otras palabras, estarán minando su propia credibilidad como árbitro.
Alargarán el litigio poselectoral hasta
afectar a la operación más ambiciosa que han impulsado los peñistas: el Pacto
por México. Es distinto discutir frente a críticas del PRD y del PAN que con
una sanción millonaria de 129 millones de pesos a la segunda coalición de
fuerzas en el país.
Se configurará un modelo de corrupción
electoral. Si Peña Nieto utilizó hasta el exceso la propaganda callejera,
trianguló fondos, rentó jets, helicópteros y aviones, destinó más de 200
millones de pesos tan sólo en la producción de sus spots y se consintió la
violación de la dignidad del votante, entonces bienvenidos al año de las más
amplias y escandalosas corruptelas electorales en los comicios municipales y en
Baja California este 2013.
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